“Unas imágenes y unos ataques a los que no estamos acostumbrados en Cataluña”. Así definió ayer Nacho Álvarez, portavoz del Sindicat Mossos d’Esquadra (SME), los altercados que sufrieron durante la primera noche de protestas en la ciudad de Vic tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. “Desde SME vamos a valorar presentarnos como acusación particular e inculpar a toda esta gente por terrorismo”, aseguró ante las cámaras de los medios de comunicación.
Desde la Generalitat se mueven con prudencia ante los inminentes acuerdos de gobierno, especialmente desde los partidos independentistas. Por un lado, la CUP exige a Esquerra Republicana que cese a altos cargos de los Mossos (pese a que el conseller actual de Interior, Miquel Samper, es miembro de Junts Per Catalunya) y que el cuerpo policial autonómico no tenga capacidad de actuación judicial. Son sus nuevas condiciones para fraguar un pacto de legislatura que se alarga más de lo previsto ante los últimos acontecimientos. La CUP juega a dos bandas: en su reunión con Junts esta semana también les pidió una disolución progresiva de las BRIMO, los antidisturbios catalanes; la limitación de las balas de “foam”, una petición también compartida por En Comú Podem, y la retirada de la acusación por parte de la Generalitat ante determinados manifestantes violentos.
“Hay más de 11 compañeros lesionados solo en Vic”, explica Álvarez. “Esto es propio de otras épocas y otras CCAA como el País Vasco en los años de plomo”. Los Mossos han lanzado un comunicado en las últimas horas en el que amenazan con una huelga ante la que, reconocen, no tienen garantías. “Aunque sabemos que el cuerpo de Mossos d’Esquadra no tiene derecho a la huelga, no podemos garantizar que cualquier día nuestro personal se plante en respuesta a una situación que denigra a nuestra institución y pone en riesgo a sus integrantes”.
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